Autor: Genis de Tera Álvarez
Fuente: El Economista
La prestigiosa publicación de Harvard Business Review en su edición de abril de 2018 destaca a España, junto a Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, como uno de los países que disponen de leyes específicas que promueven la implantación de Programas de Cumplimiento en las empresas. Los autores del artículo Why Complaince Program Fail, Hui Chen (ex asesora experta en compliance del U.S. Department of Justice) y el profesor asociado de Harvard Eugene Soltes, exponen la alta y creciente responsabilidad que para las empresas implica no disponer de programas de cumplimiento efectivos.
Estados Unidos lidera con una experiencia de prácticamente 30 años la implantación de Programas de Cumplimiento. Las empresas efectúan cada año grandes inversiones en el seguimiento y mejora de los mismos, con el objetivo de prevenir y detectar conductas irregulares y alinear las políticas corporativas con la legislación vigente. El nivel de exigencia es cada vez mayor, en una carrera que parece no tener final. A ello, sin duda, contribuye la valoración de los Tribunales e instrucciones de la Fiscalía Americana de los Programas de Cumplimiento, y la imposición de elevadas sanciones en caso de graves incidencias en el seno de una empresa si esta no demuestra disponer de una efectiva cultura ética.
Sin embargo, es también una evidencia que más allá del carrot and stick approach, la implantación de un efectivo Programa de Cumplimiento, incorpora a la empresa activos de gran valor como son mejoras organizativas y de control interno, seguridad en la toma de decisiones a todos los niveles, establecimiento de mecanismos de alerta ante posibles incidencias o contingencias, formación de calidad, transparencia y apuesta decidida por altos estándares éticos de toda la organización y respecto a los terceros con los que esta se relaciona. Todo ello no sólo redunda en una mayor eficiencia y competitividad de la empresa, sino que la posiciona, en términos empresariales, en una situación de privilegio en un contexto global cada vez más exigente en materia de compliance (relaciones con proveedores y clientes, prevención de blanqueo de capitales, operaciones de M&A).
En España, todos los actores implicados: empresas, Fiscalía, Tribunales y asesores especializados, han realizado un gran esfuerzo desde la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en las reformas del Código Penal de 2010 y 2015. Se ha recorrido un largo camino en un corto espacio de tiempo.
Los profesionales percibimos una creciente sensibilización empresarial por parte de los órganos de administración y directivos de las compañías, no sólo en la necesidad de implantar Programas de Cumplimiento, sino en que estos sean verdaderamente efectivos y no meramente formales. El proceso de Certificación con la Norma UNE 19601 es una gran contribución, por el nivel de excelencia que implica y por la integración del mundo Compliance al Sistema de Gestión Empresarial.
Es, sin duda, un éxito, constatar que en nuestro país hoy son muchas las empresas que apuestan de forma decidida por Programas de Cumplimiento efectivos, invirtiendo cada vez más recursos y apostando claramente por sistemas de mejora continua.
Afortunadamente van quedando atrás concepciones obsoletas manifiestamente ineficaces como ya advirtió la Fiscalía General del Estado en la Circular de 2011. De poco le va a servir a una empresa disponer de una mera secuencia de modelos comprada a precio de saldo.
Tampoco puede obviarse la complejidad que entraña la implantación de Programas de Cumplimiento, la generación de evidencias de cumplimiento, la gestión de incidencias, los procedimientos de investigación, y, por supuesto, la actuación en procedimientos judiciales, lo que hace imprescindible disponer de un asesoramiento jurídico especializado y estar muy pendientes de la evolución legislativa y de las resoluciones judiciales que marcarán las pautas a seguir.
En este escenario no es aventurado afirmar que el Corporate Compliance está ya jugando un papel determinante en el futuro empresarial, no sólo de nuestro país sino en el contexto de una economía cada vez más globalizada y que demanda altos estándares de transparencia y ética empresarial para afrontar los enormes retos de las próximas décadas.
España se encuentra en este punto en una posición privilegiada que no debe desaprovechar. La fuerte apuesta legislativa debe venir acompañada de incentivos a las empresas que apuesten decididamente por la implantación de Programas de Cumplimiento efectivos.
Asimismo, sería deseable que estos Programas de Cumplimiento se implantaran también en la Administración Pública.
El Compliance ha venido para quedarse.
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