Autor: Carlos Cruzado. Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
Fuente: Nueva Tribuna
El año pasado, la Agencia Tributaria ingresó 15.089 millones de euros de la lucha contra el fraude, mientras incurrió en unos gastos de funcionamiento de 1.419 millones de euros. Es decir, recaudó 10,6 euros por cada uno invertido en esta batalla. Pero de tenerse en cuenta los 1.074 millones gastados en personal, esa rentabilidad escalaría por encima del 1.400%, una cifra de ensueño para cualquier producto financiero.
El caso es que invertir en la lucha contra el fraude resulta suculentamente rentable. Sin embargo, España cuenta con la mitad de recursos que la media de la UE y de la OCDE para perseguir e investigar las infracciones y delitos fiscales.
De hecho, la plantilla de la Agencia Tributaria este año ocupará el último lugar en la UE en las ratios de efectivos del control tributario utilizados por la OCDE. Así, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 recogía un aumento de los efectivos de la AEAT de apenas 387 personas, por lo que a final de año alcanzarán los 25.916 empleados.
En concreto, nuestro país sufre una brecha de 25.504 empleados menos que la media ponderada de Europa, es decir, cuenta con 24.712 efectivos menos para luchar directamente contra la economía sumergida y otras 792 personas menos de apoyo. O, lo que es lo mismo, sólo un trabajador por cada 2.836 ciudadanos, frente a la media europea, según la cual cada empleado controla a menos de la mitad de ciudadanos. Pues bien, la consecuencia de este desequilibrio de las plantillas es que España cuenta con un nivel de economía sumergida cercano al 25% del PIB, más del doble que los países de nuestro entorno.
Es cierto que el último Plan de Control Tributario rompe con el continuismo de los anteriores, al comenzar a destacar la importancia de centrarse en el fraude de las grandes empresas y patrimonios, lo cual debería materializarse desplazando una lupa que lleva tiempo focalizada, sobre todo, en los pequeños contribuyentes; cuando más del 70% de la bolsa de fraude corresponde a grandes empresas y fortunas. Pero también es verdad que la confusa delimitación de responsabilidades y la falta de recursos impiden concretar suficientemente cómo y quiénes cumplirán con las directrices generales. Máxime teniendo en cuenta que se continúa sin especificar los medios personales mediante los que se lograrán los objetivos.
La lucha contra el fraude, además de resultar determinante para recuperar la confianza de los contribuyentes, conlleva un considerable incremento del potencial recaudatorio, ya que reduciendo en 10 puntos la tasa de economía sumergida se obtendrían más de 38.500 millones de euros adicionales cada año. Así pues, invertir en esta batalla, ¿es o no rentable? Juzguen ustedes mismos.
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