Autor: Agustín Llamas Mendoza
Fuente: Alto Nivel
Suele suceder que cuando en las organizaciones se presentan situaciones que pueden representar un quebranto patrimonial o moral, algunos directivos no saben exactamente cómo actuar. Generalmente existen políticas, explícitas o no, que pretenden regular el comportamiento de los miembros de las organizaciones. Sin embargo, las políticas difícilmente garantizan el comportamiento adecuado o esperado. Y del mismo modo, en cualquier nivel de gobierno o de partidos políticos, existen desde políticas hasta códigos de ética o de conducta que acaban siendo rebasados por la realidad oscura de los intereses particulares o de facción. No obstante, estas situaciones tienen una explicación que se puede abordar desde dos ópticas: a) la funcional y b) la causal.
a) Si consideramos toda organización como un sistema que fundamentalmente se compone por actores e instituciones, la interacción que se dé entre estos dos elementos se vuelve fundamental para el desarrollo de la misma y para la rentabilidad esperada en términos sociales, económicos y hasta políticos.
Podríamos afirmar que las instituciones son todas aquellas reglas formales o informales que existen en un sistema, y que los actores son los individuos o el grupo de ellos que tienen finalidades específicas dentro de ese sistema. Así, cuando el exceso de instituciones formales “abruma” a los actores, estos suelen salirse o pretenden salirse del sistema con el afán de bajar el costo de operar en él y evitar la rigidez que impone el cúmulo de normas. Si, por el contrario, los actores no tienen parámetros específicos que regulen su comportamiento, no tienen un marco referencial que permanentemente constate que sus conductas son adecuadas o no. Entonces suelen “desquiciarse” y no rendir los resultados esperados.
Una organización, del tipo que sea, puede tener todas las normas que dictan los mejores manuales de conducta, pero si los actores las perciben como costo para su gestión, entonces buscarán, en principio, cambiarlas o simplemente harán caso omiso de las mismas. Paradójicamente, si los actores no tienen a su alcance algún tipo de normas formales o informales, entonces promoverán tomar el control por la vía individual o grupal de dicha organización. Así, en cualquiera de los dos casos, en el fondo estamos hablando de disfuncionalidades y, evidentemente, de corrupción. Pero para analizar la corrupción no basta hacer un análisis sociológico, pues el hombre, al final del día, no solo se mueve por incentivos o restricciones, o por premios y castigos, sino también por otro tipo de motivaciones, digamos trascendentales.
b) Valores y educación de los actores son variables fundamentales para el análisis del comportamiento humano. No importa qué tan buenos códigos de conducta y qué tan eficientes procesos de implementación existan en las organizaciones, si los actores no han sido objeto de una educación ética y, por ende, de una correcta escala de valores, ningún reglamento será suficiente bueno para ser respetado.
El único modo verdaderamente seguro de evitar la corrupción y garantizar el respeto a la ley es la convicción de los individuos acerca de su modo de actuar. No hay mejor ley que la confianza, ni mejor código que la convicción.
Si no existen principios éticos en los actores del sistema, cualquier reglamentación será simplemente un obstáculo y, como tal, será superado en algún momento del proceso. No obstante, además del esfuerzo que debemos hacer por generar una correcta educación ética, vale la pena transparentar los procesos para proporcionar mayor claridad y legitimidad sobre las acciones en y de las organizaciones.
En el entorno micropolítico, por ejemplo, las encuestas sobre la materia nos revelan que, aunque muchos empresarios y lideres de organizaciones se muestran dispuestos a hacer algo por erradicar la corrupción de nuestro sistema, igualmente reconocen proporcionar pagos extraoficiales a funcionarios públicos.
Habría que destacar que la corrupción no es un tema exclusivo de los políticos, empresarios o liderazgos sociales, sino que es un problema arraigado en nuestra sociedad que hay que extirpar. En un México donde se pretenden instaurar principios democráticos y un Estado de Derecho, no podemos mantener vividores en el sistema; es injusto que unos vivan y acumulen beneficios por medio de prácticas corruptas, mientras que otros generan valor social bajo prácticas honestas.
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