Gustavo Adolfo Segura (AVAF): "Es un obstáculo la falta de conciencia social sobre la necesidad de luchar contra el fraude y la corrupción, por el coste económico para las arcas públicas y para la calidad democrática y la falta de oportunidades reales"

¿Qué es la Agencia Valenciana Antifraude ? ¿Cuál es su campo de actividad? ¿Qué procesos sigue cuando recibe una denuncia? ¿Cómo funciona el Estatuto de Protección del Denunciante?

Entrevistamos al director de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), Gustavo Adolfo Segura, para que nos responda estas y otras cuestiones y nos muestre cuál es el funcionamiento de esta entidad, que ya se ha convertido en un referente pese a su corto tiempo de vida.

Gustavo Adolfo Segura es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho por la Universidad de Valencia y ha sido funcionario de Administración Local. Ha sido tesorero del Ayuntamiento de Llíria (Valencia) e interventor en los ayuntamientos de los municipios valencianos Oropesa del Mar, La Pobla de Vallbona, Llíria, Mislata y Bétera. Desde mayo de 2020, ocupa el cargo de director de Análisis e Investigación en la AVAF. 

¿Qué es la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF)? ¿Cuál es su actividad?

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana fue creada mediante la Ley 11/2016 y es una entidad con personalidad jurídica propia que está adscrita a les Corts Valencianes. 

La Agencia tiene entre sus objetivos combatir el fraude y la corrupción en las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana para lo que se actúa en diferentes niveles como la prevención, el análisis e investigación y la protección a las personas denunciantes de corrupción.

La actuaciones en el ámbito de la prevención están encaminadas a fomentar una gestión pública guiada por el servicio al interés general y la creación una cultura de buenas prácticas e integridad y ética pública.

En el área de análisis e investigación de los hechos y de la actuaciones u omisiones que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, disciplinaria o penal, para que no queden impunes los comportamientos fraudulentos o corruptos depurando las responsabilidades que pudieran corresponder.

Y respecto a la protección a la persona denunciante se trabaja para garantizar que las personas que denuncian casos de corrupción no vean perturbadas sus condiciones laborales o no sufran represalias personales o profesionales.

¿Cómo es el día a día del director de investigación de la AVAF? ¿Cuáles son sus actuaciones?

Mi día a día al frente de la Dirección de Análisis e Investigación (DAI) es una mezcla de responsabilidad,  dedicación plena a la gestión y pasión por el trabajo. La responsabilidad es muy elevada porque en la DAI procedemos a analizar las denuncias que se presentan en la Agencia. Nuestro trabajo se rige por tres líneas fundamentales: la imparcialidad, el rigor y la objetividad y nos centramos en acreditar los hechos que se denuncia para en base a ellos poder obtener conclusiones sobre los mismos. El trabajo de análisis e investigación es muy apasionante y a la vez bastante absorbente, ya que en ocasiones es difícil desconectar según vas avanzando en una investigación.

La Agencia cuenta con un grupo de profesionales muy preparados, con una fuerte vocación personal por mejorar el servicio público y totalmente identificados con los objetivos de la AVAF. En la Dirección de Análisis e Investigación tenemos un equipo de profesionales con perfiles muy específicos y procedentes de distintas administraciones públicas, lo que hace más fácil nuestra labor ya permite analizar las diferentes casuísticas de los expedientes e ir mejorando la gestión, afrontando con garantías la gran carga de trabajo de este área.

Mis funciones diarias son muy variadas pero la que más tiempo me ocupa es la coordinación y supervisión de los trabajos del personal ya que que configuramos equipos de investigación y para cada expediente se designa una persona responsable directa de la investigación y otra person con funciones de supervisión.

Otra las función más destacadas es la colaboración que mantenemos con el ministerio fiscal y los diferentes juzgados a través de la elaboración de los informes periciales que nos solicitan. Y también la colaboración con los cuerpos y fuerza de seguridad del estado en todo aquello que nos solicitan relacionado con sus investigaciones. Este es uno los trabajos que nos exige mayor responsabilidad pero a la vez es el que más gratificaciones nos proporciona. 

El resto de funciones son de lo más variado como la gestión del buzón de denuncias, la valoración inicial de las denuncias presentadas así como su priorización y asignación o la coordinación de los servicios TIC ya que estamos en la fase final de la implantación de la administración electrónica.

¿Cuántas personas trabajan en la AVAF? ¿Y en investigación? 

Actualmente en la AVAF trabajan un total de 47 personas, además del Director que es nombrado por las Corts Valencianes. Hay que señalar que todos los puestos son de naturaleza funcionarial y la Agencia se estructura en tres direcciones funcionales (la Dirección de Prevención, Formación y Documentación, la Dirección de Asuntos Jurídicos  y la Dirección de Análisis e Investigación) además del área de Administración, Recursos Humanos y Gestión Económica y del Gabinete de Relaciones Institucionales, Comunicación y Participación.

Si nos centramos en la Dirección de Análisis e Investigación en este momento estamos 15 personas trabajando, 12 de ellas con tareas directas de análisis e investigación y 3 en los servicios TIC que además de las funciones propias de los sistemas informáticos y de comunicaciones ejercen funciones relacionadas con la investigación. 

¿Cuántas denuncias recibe la AVAF mensualmente y cómo se gestionan e investigan? ¿Cuál es el proceso?

El número de denuncias mensuales es variable y no existe un patrón fijo. Si nos fijamos en los datos del año 2019 se presentaron un total de 168 denuncias, lo que implica una media de 14 denuncias mensuales. En lo que llevamos de año se han presentado 139 denuncias lo que supone una media mensual de casi 16 denuncias. De mantenerse esta tendencia para lo que queda de año 2020, este será el año con el mayor número de denuncias presentadas ante la AVAF lo que evidencia la consolidación del proyecto y la confianza que se deposita en nuestra gestión. 

Este ejercicio es sin embargo el más difícil de valorar en términos comparativos por los efectos de la pandemia, ya que si bien durante los meses que duró el Estado de Alarma el volumen de denuncias presentadas descendió, después ha aumentado. Tendremos que esperar hasta final de año para analizar los datos totales y sacar conclusiones pero todo apunta a que la consolidación de la Agencia es un hecho.

Respecto al procedimiento que seguimos con el el análisis e investigación de las denuncias presentadas este se encuentra regulado en la Ley 11/2016 de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana así como en su Reglamento de funcionamiento y régimen interior. Nuestra actuación se rige por los principios fundamentales de objetividad, imparcialidad, rigor y contrastación de los hechos.

El proceso de tramitación se inicia con la recepción de la denuncia y un estudio previo comunicando al denunciante la recepción de la misma. A continuación se inicia la apertura de expediente y la decisión sobre la priorización de su tramitación.

Posteriormente se asignan una persona responsable de la investigación y otra persona supervisora y entonces se inicia la fase de análisis en la que tenemos un plazo de un mes para proceder a la emisión del informe previo de verosimilitud en el que se debe acreditar si los hechos denunciados tienen indicios razonables de ser veraces y si se encuadran dentro del ámbito de  actuación de la AVAF.

Por último está la fase de investigación en donde recabamos toda la información relativa a los hechos denunciados al objeto de contrastar las actuaciones o las omisiones y para ello recopilamos información de fuentes abiertas, requerimos información tanto al denunciante como al denunciado, accedemos a bases de datos oficiales de otros organismos o instituciones (Registro Mercantil, Sindicatura de Cuentas, Intervención de  la Generalitat, Seguridad Social...), nos entrevistamos con las personas relacionadas con  las denuncias y realizamos visitas de inspección. 

Finalizada esta fase se procede a la elaboración del informe provisional que acredita los hechos contrastados y se remite a la entidad denunciada que tiene 10 días para hacer las alegaciones que considere oportunas. Finalmente se elabora un informe final de la investigación que detalla los resultados, contemplado los hechos y circunstancias constatados, las personas que han intervenido o colaborado, su calificación jurídica motivada así como las posibles responsabilidades que se deriven. Esta fase de investigación debe desarrollarse en un plazo de seis meses y la investigación puede concluir con el archivo de las actuaciones, formulación de recomendaciones, remisión al Tribunal de Cuentas si se derivan responsabilidades contables, traslado al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial si existen conductas o hechos presumibles de constitución de delitos.

¿Cuáles son los principales obstáculos que os encontráis a la hora de investigar?

En el desarrollo de las investigaciones nos encontramos con diversos  obstáculos, el primero se refiere a la recopilación de la información. Los expedientes administrativos pueden tener una tramitación más o menos correcta, pero la información relevante no suele estar en la documentación de los expedientes ordinarios; estos nos dan los indicios y luego hay que hacer un trabajo muy riguroso de investigación. En esta fase surgen obstáculos o resistencias de remisión información y a veces de colaboración por parte de algunas administraciones públicas o servidores públicos que ven nuestro trabajo no como una oportunidad de mejora, sino como una amenaza. 

También nos encontramos con obstáculos relacionados con la falta de bases de datos compartidas y el acceso a la información en poder de otras entidades con las que compartimos fines. Es verdad que estamos obteniendo una respuesta muy positiva con las instituciones e entidades con las que buscamos sinergias para crear una red de colaboración institucional. Un ejemplo de ello es que próximamente firmaremos un convenio con el Consejo General del Notariado para acceder a las bases de datos de su Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Otro de los obstáculos que nos encontramos es el temor a las represalias que puede sufrir la persona denunciante de corrupción por lo que es importante crear un marco de protección garantizando que sus derechos no se vean perturbados y en ese sentido la AVAF es pionera en la protección al denunciante.

También es un obstáculo la falta de conciencia social sobre la necesidad de luchar contra el fraude y la corrupción, no sólo por el coste económico que implica para las arcas públicas este tipo de conductas, sino por lo que supone para la calidad democrática y la falta de oportunidades reales. En este sentido vemos que el mensaje va calando en la sociedad y cada vez es mayor la predisposición a la colaboración aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

¿Se reciben presiones en la AVAF por parte de las administraciones a las que investigáis?

Yo particularmente no he recibido presiones directas por parte de las administraciones públicas que estamos investigando pero es evidente que nuestra labor muchas veces no genera empatía y pueden surgir situaciones de conflicto. 

En este sentido hemos recibido alguna alegación a informes provisionales de investigación que intentaban desacreditar nuestra labor o poner en entredicho la calidad de nuestro trabajo con opiniones subjetivas. Sin embargo nuestra metodología es clara y se centra en describir los hechos y contrastar los datos con objetividad, imparcialidad y rigor, sin emitir opiniones subjetivas y concluyendo de una manera motivada y fundada en los hechos acreditados y en los argumentos legales que sustentan las conclusiones.

Desde la puesta en marcha de la AVAF, 35 personas han solicitado acogerse al Estatuto de Protección del Denunciante, y 21 de ellas reciben actualmente la protección. ¿En qué consiste este estatuto? 

La concesión del estatuto de protección a la persona denunciante supone que la AVAF va a velar para que estas personas no sufran amenazas, acoso, intimidación, merma de sus derechos, apertura de expedientes disciplinarios o incluso despido, como consecuencia de haber efectuado una denuncia.

Con este otorgamiento del estatuto la AVAF realiza un seguimiento de la persona protegida y de su situación a través del mantenimiento de una comunicación permanente y estrecha. Esta concesión conlleva para la persona protegida una serie de derechos y también de deberes.

La protección al denunciante se otorga tras la verificación de los hechos contenidos en la denuncia por parte de la Dirección de Análisis e Investigación y a través de un procedimiento específico que tramita la Dirección de Asuntos Jurídicos con todas las garantías y cautelas necesarias. 

En definitiva, el estatuto de protección del denunciante es un instrumento que quiere evitar que se produzcan represalias contra la persona denunciante y creemos que es una herramienta muy importante ya que el incumplimiento de las medidas de protección del denunciante constituye una infracción muy grave que pueden suponer una sanción de hasta 400.000 euros.

También hay que señalar que en estos momentos la Comunitat Valenciana es la única autoridad en España que ofrece este tipo de protección a la persona denunciante de corrupción.

Por último, ¿qué retos de futuro se plantea la AVAF, teniendo en cuenta que su constitución es muy reciente?

El principal desafío que tiene por delante la AVAF es conseguir que sea conocida y reconocida por todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana colaborando con ellas para que puedan contar con estructuras que refuercen su integridad, transparencia, ética pública, análisis de riesgos y planes de prevención de la corrupción. 

Especial importancia tiene la implementación en todas ellas de las medidas recogidas por la Directiva Europea 2019/1937 de protección de las personas denunciantes de corrupción, que en estos momentos se encuentra en el periodo de dos años de transposición al ordenamiento jurídico español, en lo que respecta al establecimiento de canales tanto internos como externos que alerten de malas prácticas y corrupción para lo que se pueden apoyar por ejemplo en el canal de denuncias de la AVAF.

Desde la World Compliance Association, damos las gracias a Gustavo Adolfo Segura y a la AVAF por su colaboración y os invitamos a participar en el webinar La Agencia Valenciana Antifraude, programado para el 4 de noviembre, en el que conoceremos más sobre su funcionamiento de la mano de su director, Joan Llinares i Gómez. Ya puedes inscribirte en: http://www.worldcomplianceassociation.com/925/evento-webinar-la-agencia-valenciana-antifraude.html#submenuhome