Autora: Tania De León
Fuente: El nuevo Diario
¿Conocen las máximas autoridades el inventario legal que le es aplicable a la organización que dirigen, sus riesgos y por cuyo cumplimiento son responsables?, en principio podría afirmar que no.
La gestión legal en las organizaciones públicas, como hemos citado antes, se centra en la gestión contractual y litigiosa, en la operatividad del día a día y no en la prevención.
Los funcionarios no solo descansan decisiones de impacto legal en recomendaciones de las áreas jurídicas, sino que delegan gran parte de la toma de decisiones en quienes confían, donde lo ideal es que coincida la confianza y la competencia en la misma persona.
¿Por qué la máxima autoridad debe implementar sistemas public compliance? Porque son representantes legales y si existe probabilidad de comprometer su libertad y patrimonio personal, al desconocer las obligaciones legales o prohibiciones a las que está expuesta la organización que dirige, es un tema digno de atender, más aun si pudiera tornarse esto en corrupción administrativa.
Lo primero que debe hacer un directivo público al asumir el liderazgo de una organización es conocer las obligaciones legales a los que ésta se encuentra sujeta (leyes, decretos, resoluciones, reglas de autorregulación) y sobre todo el estatus de las mismas.
A partir de este diagnóstico, podrá poner la casa en orden, definir controles internos que garanticen el cumplimiento regulatorio, exigir la actualización permanente del inventario legal institucional y sobre todo, clarificar la responsabilidad individual. Es prácticamente imposible que, en una institución de dos mil empleados, el directivo tenga control de cada persona para evitar un acto de corrupción o multa, derivado de un incumplimiento.
Esto cobra mayor sentido al reconocer que aquel que debiendo saber, no sabe, compromete por igual su responsabilidad. No podemos olvidar que cada quien es responsable de sus actos y si bien el directivo debe discursar integridad y predicar con el ejemplo, cada servidor público carga con su paquete de obligaciones individual inherente a su puesto.
Dentro de las acciones clave que contempla un sistema public compliance basado en ISO de cumplimiento y antisoborno, tenemos:
Al contar con un robusto sistema de cumplimiento no solo protejo el cargo que asumo y mi reputación como profesional que administra fondos públicos, sino a todo servidor público que se ve expuesto a obligaciones legales en la operatividad. Compliance no solo blinda a la máxima autoridad, blinda a toda la organización.
Mientras que, en otros países la implementación del compliance jurídicamente puede ser un eximente o atenuante de responsabilidad penal, en República Dominicana apenas es solo una buena práctica que, más temprano que tarde se convertirá en una obligación institucional.
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