Public Compliance en Guatemala

Autor: Erik M.F. Maldonado H., Consultor de Compliance, Socio Becompliance, Director Proactiva Empresarial Compliance Guatemala y miembro del Capítulo WCA Guatemala. 

En Guatemala se encuentran en el proceso legislativo correspondiente dos iniciativas de ley relacionadas a Public Compliance, la iniciativa #5835 Ley de Cultura de Cumplimiento y parámetros de uso de normas técnicas y estándares internacionales y la iniciativa #5834 Ley del Oficial de Cumplimiento para el sector público, ambas acaban de dictaminarse favorablemente por parte de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República de Guatemala, lo que permitirá que el Pleno (reunión de todos los diputados en asamblea), pueda discutirlas en tres debates, es decir que se encuentran cada vez más cerca de convertirse en derecho positivo, salvo que se engaveten o no exista voluntad política como ha ocurrido con otras iniciativas como la ley de competencia.

Desde su nombre la iniciativa 5835 ley de cultura de cumplimiento es atractiva, porque su objetivo principal es precisamente lo que a mi juicio es la razón del Compliance »Crear cultura« consolidar una cultura de cumplimiento normativo, claro, con un enfoque en los servidores públicos, para que en su actuar se refleje la transparencia, integridad y ética organizacional.

También introduce por primera vez una definición de cumplimiento normativo (compliance) al sistema jurídico guatemalteco, lo que evidencia el avanece y relevancia de la materia, definiéndolo como el conjunto de normas, herramientas, debida diligencia y buenas prácticas implementadas por las organizaciones, para prevenir riesgos, utilizando mecanismos de gestión y lo que pretende es que el servidor público se enfoque en la competencia administrativa que por mandato legal tiene, es decir el propósito de su función o la institución a la que pertenece, en armonía con la Constitución, leyes especiales, normas técnicas y estándares internacionales , con la finalidad de crear y fomentar dicha cultura de cumplimiento normativo, por su puesto con el componente de integridad como prioridad.

Pretende dotar al funcionario público de herramientas para poder implementar normas y estándares internacionales a las actividades de la institución a la que pertenecen, ya que por el principio de sujeción a la ley los funcionarios públicos pueden hacer únicamente lo que la ley les faculta para realizar, entonces, a través de esta iniciativa, podrán certificarse, por entidades acreditadas, bajo la lógica de la auditoria privada, para que terceros puedan evaluar la calidad y certificar sistemas de gestión de cumplimiento.

Es un hito en la promoción de la cultura de cumplimiento en Guatemala y la región, para invitar abiertamente al sector público a implementar sistemas de gestión de cumplimiento e incluso, a entidades del sector privado, como empresas proveedoras y contratistas del Estado, para que también se certifiquen en buenas prácticas, como la nueva ISO 37301 o la ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno, por ejemplo.

Abre un canal de propuesta para que empleados de las entidades públicas y la ciudadanía pueda recomendar la adopción de determinada norma técnica o estándar internacional. La iniciativa pretende que sea valorado positivamente como una ventaja competitiva, incorporando herramientas de buenas prácticas, modernización e innovación en un sector que por muchos años ha estado rezagado. Otro elemento interesante es la mención de la debida diligencia en materia de cumplimiento normativo, estableciendo consideraciones para aquellos funcionarios públicos que acrediten haber observado un deber de cuidado en sus actividades a pesar de un hallazgo o inconformidad, acreditando el estricto cumplimiento del sistema de gestión incorporado, dejando incluso un sutil salvo fraude de ley, para evitar los fastidiosos paper compliance o programas de cosmética.

La iniciativa 5834 busca crear la figura del oficial de cumplimiento para instituciones del sector público, figura que ya existe en otros países como República Dominicana y que es denominada “enlace de integridad” en Argentina. En Guatemala, se pretende que sea un funcionario público encargado de procurar la promoción de la cultura de cumplimiento normativo, transparencia, integridad, ética, probidad y anticorrupción al interior de las entidades del sector público, así como identificar riesgos de corrupción de manera temprana, oportuna y preventiva.

La importancia de los canales de denuncia toma especial relevancia, al incorporarlos a través del nombre canales de comunicación, como mecanismos de comunicación accesibles, seguros, anónimos y confidenciales, para los stakeholders de las instituciones del sector público, es decir trabajadores, servidores públicos, funcionarios, proveedores y contratistas del Estado y ciudadanía en general. Asimismo, hace un llamamiento de protección al denunciante, para cuidar su integridad y estabilidad, aportando en pequeña escala a uno de los grandes pendientes de regulación en muchos países de América Latina.

El oficial de cumplimiento luego de recibir a través de los canales de comunicación una denuncia y recabar toda la información, debe realizar un reporte de prevención de corrupción, con miras a mejorar la institución del sector publico de la que se trate y claro dirigiéndolos a los órganos de persecución penal correspondientes, si ese fuera el caso. Por su naturaleza el oficial de cumplimiento debe gozar de autonomía de funciones e independencia operativa, considero que ese es uno de los retos principales que debe lograr superar esta iniciativa, estableciendo la obligación del Estado de proteger la integridad del oficial de cumplimiento, su estabilidad y derechos fundamentales, así como garantizar y facilitar urgentemente su protección a través de mecanismos legales, para evitar represalias.

Esta iniciativa fomentará la especialización de oficiales de cumplimiento, lo que creará nuevos empleos y la creación de conocimiento en la materia, al ser uno de los requisitos obtener una formación especializada por el Instituto Nacional de Administración Pública, la entidad encargada de capacitar a los servidores públicos.

Tuve el honor de aportar aconsejando y asesorando como consultor la consolidación de estas iniciativas de ley gracias al a la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República de Guatemala y al Instituto Republicano Internacional, si bien se trata de apenas los primeros pasos de Guatemala en el mundo del compliance, me siento satisfecho y agradecido de realizar el ejercicio democrático de participación ciudadana desde mis conocimientos y especialidad.

Dichas iniciativas fueron discutidas en mesas técnicas conformadas con diputados y asesores de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República de Guatemala, así como representantes del Ministerio Público, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la Comisión Guatemalteca de Normas, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Procuraduría General de la Nación, también profesionales, organizaciones y ciudadanía aportaron comentarios. Se organizaron conferencias, con la participación voluntaria de invitados internacionales para comentar sobre el tema, de acuerdo con su experiencia, entre ellos Concepción Campos Acuña de España, Tania de León de Republica Dominicana, David Merino de México, Diego Martinez de Argentina y Jorge Sahd de Chile.

Considero que es una buena oportunidad para el desarrollo de la región, de mejorar en diferentes espacios, esperemos que sea únicamente el inicio de un camino por fortalecer la »Cultura de hacer bien las cosas« (Definición de compliance de Carlos Díaz Navarrete). También un ejemplo para otros países, relacionándolo con esfuerzos de la OECD, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, MESICIC, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, por mencionar algunos. Continúa avanzando en Guatemala y el mundo la transformación cultural de las actividades hacia la integridad, hacer las cosas bien, proactivamente, en cumplimiento normativo y con visión de liderazgo ético ante los diferentes sectores y grupos de interés.

Es importante la implementación de Sistemas de Gestión de Compliance en las organizaciones sin importar su naturaleza y debido a los buenos resultados en el sector empresarial, es necesario que el sector público busque modernizarse, innovar y desarrollar un mejor desempeño a través de la implementación de estas herramientas para fomentar mejores prácticas en la sociedad.