El compliance político y la infraestructura pública

FUENTE: CRONICA.COM MÉXICO

Carlos Matute González

Sergio Martin Esquivel, presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM) define el compliance como “un estándar internacional certificable ISO 37301 que de forma estructurada permite a las organizaciones adoptar una metodología con el objeto de prevenir el incumplimiento normativo.

Su enfoque basado en gestión de riesgos, mejores prácticas y cultura de integridad, conduce a la implementación de manera idónea y eficaz de un modelo organizativo que genere evidencia y permita acreditar ante cualquier autoridad o tercero la vocación y debida operación”.

De este concepto se desprende que las características del compliance es la verificabilidad, la sistematización, la prevención, la identificación de riesgos, la mejora continua, la trazabilidad y la funcionalidad.

La metodología que implica es aplicable a organizaciones de diversa naturaleza y tamaño, aunque suele estar vinculada con entidades relacionadas con el sector público, en sus diversos aspectos como los fiscales y administrativos y el mercado abierto al escrutinio de competidores y consumidores para evitar, entre otras prácticas, la evasión o incumplimiento de obligaciones para obtener una ventaja indebida o incluso ilícita.

El compliance aplicado a la vida política es la identificación y gestión de los riesgos del ejercicio del poder con base en una metodológica que permite mejorar la calidad del gobierno y la transparencia de la acción de las entidades públicas.

El supuesto básico para el uso de esta metodología es el respeto y promoción de la libertad, las comunidades y las organizaciones intermedias y el reconocimiento de que ningún actor es dueño de la verdad, ni el que impone el contenido y alcance del interés general.

En ese sentido, la gobernanza es el ambiente en el que los gobiernos democráticos actúan con base en el consenso en el que pudiera existir un compliance político que fije estándares de comportamiento aceptable por un gobernante que ha sido electo legítimamente por una mayoría, pero que está consciente que la convivencia armónica e institucional se funda en el respeto de los derechos de las minorías e inclusión de la visión de estás por el supuesto factible de la alternancia periódica en el poder.

La autonomía es el principio y vocación que opera en la instrumentación del compliance político. La jerarquía y la centralización son su antinomia.

 Por lo tanto, un gobierno que pretende concentrar en la cúspide del aparato estatal, reducir los espacios de debate público y sustituir la corresponsabilidad política de los poderes por el plegamiento a las directrices del Ejecutivo afecta profundamente al Estado de derecho, que es la normatividad cuyo incumplimiento debe prevenirse.

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