Evolución del compliance tributario en Costa Rica

El compliance tributario o compliance fiscal cobra cada vez mayor relevancia en el mundo, y Costa Rica no es la excepción a la regla.  Este término se refiere al conjunto de medidas y procedimientos que se aplican para garantizar que las empresas y ciudadanos cumplan sus obligaciones fiscales de manera adecuada, en tiempo y forma, siguiendo el principio de contribución con las cargas públicas, coadyuvando a la prevención de los delitos tributarios; además de servir como medio de prueba ante las actuaciones de la Autoridad Tributaria y como atenuante para la determinación de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin olvidar el resguardo de la seguridad reputacional e imagen de las empresas.

Los intentos iniciales por robustecer la legislación tributaria tuvieron resultados aislados. Se requirió de varios años para que Costa Rica pudiese tener un avance sustancial. 

Y esas medidas tenían que darse. La situación económica para Costa Rica en los últimos años ha sido compleja y retadora, desde déficits fiscales muy elevados hasta una deuda pública que continúa en aumento, algo que se vino a agravar más aún con la irrupción de la pandemia.

Los números oficiales del Ministerio de Hacienda en Costa Rica revelan que la deuda del Gobierno de la República cerró al año 2022 en un 63% del Producto Interno Bruto (PIB), además de un déficit financiero de 2,5% del PIB.

Suerte para este país latinoamericano que, para finales de 2018, el Congreso de la República, aprobó una reforma integral contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No 9635, misma que incorporó tres grandes aspectos:

(1)  Por la parte de los ingresos, la transformación del impuesto sobre las ventas en un impuesto al valor agregado (IVA). Este abarcó un aumento gradual en su base junto con diversas tarifas según con la actividad productiva. Adicionalmente incluyeron nuevos tramos en las rentas de las personas físicas, la introducción de la figura de rentas de capital y se incorporaron las reglas de precios de transferencia en la Ley del Impuesto sobre la Renta

(2)  De lado del gasto público, se introdujeron medidas de consolidación y transferencias corrientes para la contención del gasto.

(3)  Por último, una que hasta el día de hoy sigue siendo tema de discusión, es la implementación de la regla fiscal para limitar el crecimiento del gasto público en función del crecimiento económico y el nivel de deuda.

Otro hito relevante es la adhesión oficial de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), convirtiéndose en miembro oficial a partir de mayo del 2021. Esta incorporación le representó al país importantes reformas en áreas como: competencia, lucha contra la corrupción, mejor gobierno de sus empresas estatales, el fortalecimiento del sistema financiero, y la mayor novedad, la promulgación de la ley No 9699 sobre responsabilidad penal de personas jurídicas, vigente desde junio del 2019, así como la creación de un registro nacional de accionistas, denominado Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.

Sin duda, Costa Rica ha dado pasos acelerados en su proceso de gestión tributaria en los últimos cinco años. El Ministerio de Hacienda, ente rector en materia tributaria y Tesorero del Estado, también implementó en enero del 2018 la obligación del uso de un sistema en línea de comprobantes electrónicos entre los contribuyentes y la Administración. Esta herramienta ha dotado a la Administración Tributaria de mejores mecanismos para el control cruzado de la información que presentan los contribuyentes con respecto a su sistema, brindando mayor material de apoyo al centro de inteligencia tributaria y sus dependencias, para detectar a aquellos contribuyentes omisos o defraudadores o aplicar mejores criterios de selección a los sujetos a fiscalizar

Aunado a todos estos esfuerzos, Costa Rica sigue apostando por la automatización de sus impuestos. Para esto el Ministerio de Hacienda en el año 2020 gestionó el proyecto denominado Hacienda Digital, que nace como una solución para actualizar sus sistemas informáticos de manera integral.

Como hemos podido observar, la Administración Tributaria en Costa Rica cada vez cierra más brechas al aplicar herramientas tecnológicas para el cruce de la información que les proveen sus obligados tributarios. Es por esta razón que se hace imperante que nuestras organizaciones, tanto locales como entidades extranjeras, tengan un modelo de gestión de riesgos en el ámbito tributario, que a su vez se convierta en una ventaja competitiva, y les permita prepararse proactivamente frente a las amenazas que pueda enfrentar la organización ante actuaciones de control de la autoridad fiscalizadora en temas impositivos.

La introducción de la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas No 9699,  vino a instaurar el precedente en Costa Rica, que ante la imputación de un delito cometido por una entidad jurídica, quien medie como representante legal o apoderado de esta, será quien reciba la pena que ordene  nuestro ordenamiento  jurídico, de acá la importancia del compliance triburario.

 La procuradora de la Etica Pública en Costa Rica, Amy Roman Bryan dijo: “Es cierto que las personas jurídicas van a responder por hechos que realicen las personas físicas, pero solo cuando la empresa no evitó que las personas físicas cometieran esos delitos ¿Cómo la empresa evita que las personas cometan delitos? Teniendo modelos de cumplimiento normativo y educando a su personal sobre conductas ilícitas”.

La evolución que se ha tenido en el compliance fiscal denota el interés que tiene el Gobierno de Costa Rica, en robustecer sus mecanismos de control para alinearse cada vez más con las legislaciones que tienen otros países desarrollados. Esto implicará que las empresas deberían implementar controles internos y sistemas, que como ya se dijo, les permitan tener las herramientas necesarias para poder enfrentar cualesquiera procesos de fiscalización de la Administración Tributaria.